La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México presentaron en febrero de 2026 los lineamientos para la reforma a la Ley Fintech, el documento más significativo en materia de regulación tecnológica financiera desde la promulgación de la ley original en 2018. La propuesta no es una reparación menor: es una reimaginación del marco regulatorio para una industria que ha cambiado radicalmente en ocho años.
El diagnóstico que motivó la reforma
Los reguladores llegaron con un diagnóstico honesto. La Ley Fintech de 2018 fue pionera en su momento, pero el mercado la superó en varias dimensiones: el proceso de autorización tardó en promedio 34 meses en lugar de los 18 previstos; solo 84 de 198 solicitudes obtuvieron licencia; los modelos de finanzas embebidas e insurtech no tienen encuadre claro; y el capítulo de activos virtuales quedó subordinado a una circular restrictiva de Banxico.
Los cuatro ejes de la Ley Fintech 2.0
1. Reducción del plazo de autorización: de 18 a 9 meses
El cambio más inmediato es la propuesta de reducir el plazo máximo de autorización de 18 a 9 meses. Para lograrlo, los lineamientos proponen un sistema de revisión por fases con plazos específicos para cada etapa: 30 días hábiles para la revisión documental inicial, 60 días para el análisis de fondo, y 30 días para la etapa de observaciones y respuesta.
El segundo mecanismo es la creación de una ventanilla única de atención a fintechs dentro de la CNBV, con personal especializado por tipo de modelo de negocio. Hoy, las solicitudes se procesan a través de los canales generales de la institución, lo que genera retrasos en la asignación.
2. Nuevas categorías de licencia
La Ley Fintech 2.0 propone crear tres nuevas categorías de licencia:
Licencia de Finanzas Embebidas: para empresas no financieras que integran servicios financieros en su oferta principal, como un marketplace que ofrece crédito en el momento de la compra. Requeriría menor capital que una IFPE completa, con obligaciones de transparencia hacia el consumidor.
Licencia Insurtech: para empresas de tecnología aplicada al sector de seguros. Actualmente, las insurtechs deben obtener licencias de agente de seguros o constituirse como aseguradoras, marcos no diseñados para modelos digitales. La nueva categoría permitiría modelos de distribución digital, microseguros y seguros paramétricos.
Licencia de Infraestructura Financiera Digital: para empresas que proveen servicios de tecnología a otras instituciones financieras (orquestación de pagos, KYC as a service, infraestructura de open banking). Actualmente operan en un vacío regulatorio que genera incertidumbre jurídica.
3. Capítulo específico para activos digitales
El capítulo de activos digitales es el que más atención ha generado. Los lineamientos proponen levantar parcialmente la prohibición de Banxico de 2019 que impide a las IFPE ofrecer activos virtuales al público, permitiendo que las IFPE con requisitos adicionales de capital y custodia puedan ofrecer Bitcoin y otras criptomonedas a sus usuarios bajo un esquema regulado.
También se propone crear una categoría de “proveedor de servicios de activos digitales” (PSAD) para exchanges y custodios de criptomonedas, con requisitos diferenciados según el volumen de operaciones y el tipo de servicio. Esto reemplazaría el actual limbo regulatorio en que operan los exchanges más grandes del país.
4. Sandbox regulatorio mejorado
La propuesta reformula el sandbox con tres cambios clave: reducción del tiempo máximo de 36 a 18 meses; posibilidad de operar con hasta 10,000 usuarios durante el período de prueba (vs. 500 en el esquema actual); y un camino directo desde el sandbox hacia la licencia completa, eliminando la necesidad de iniciar el proceso desde cero.
Las críticas al proyecto
Las empresas fintech más grandes señalan que los plazos de 9 meses siguen siendo largos en comparación con el Reino Unido (6 meses) o Singapur (3-6 meses para ciertas categorías). Los bancos tradicionales manifiestan preocupaciones sobre la competencia asimétrica que generaría la nueva licencia de Finanzas Embebidas. Las organizaciones de protección al consumidor advierten que la apertura a activos digitales debe ir acompañada de educación financiera agresiva.
El calendario legislativo
Los lineamientos presentados en febrero de 2026 son el primer paso de un proceso legislativo largo. La iniciativa de ley formal podría estar lista para el segundo semestre de 2026 y enviarse al Congreso ese año. El escenario optimista contempla la aprobación en 2027; el más conservador, entre 2027 y 2028.
Mientras tanto, el ecosistema fintech mexicano opera con un marco de 2018 en un mercado de 2026, esperando que la versión 2.0 llegue antes de que los competidores regionales consoliden ventajas que hoy México todavía puede recuperar.
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